No se trata de creer o reventar, sino de utilizar una de las figuras legales que sirven para que las investigaciones de los casos más complejos sean resueltos. Un agente revelador fue clave para lograr desarticular una red de prostitución que era dirigida por su líder desde el penal de Villa Urquiza, lugar donde se encontraba cumpliendo condena por el mismo delito y otra por abuso sexual.

La pesquisa se abrió hace unos ocho meses. El fiscal federal Agustín Chit recibió una denuncia en la que se daba cuenta de que en varios departamentos de dos edificios de la capital tucumana había jóvenes que eran obligadas a ejercer la prostitución. Los investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria confirmaron la versión, pero no lograban conocer los detalles del movimiento de la banda ni quiénes eran sus líderes.

Los pesquisas le propusieron a Chit utilizar esta figura para avanzar con la causa. Un juez autorizó y comenzó el trabajo del agente revelador, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad.

“Comenzamos la investigación con las medidas habituales, con vigilancias, seguimientos, relevamientos de redes sociales, consultas sobre titularidad de los inmuebles. Pero en estos casos llega un momento en que las pesquisas se estancan si no se llega a tomar contacto con la organización o con las víctimas. Así surgió la idea de usar la figura del agente revelador, que ya nos había dado buen resultado en otra causa por trata, en Santiago del Estero”, explicó el investigador que cumplió con este rol, en una nota publicada en el diario “La Nación”.

Entre otras cuestiones, el agente revelador descubrió:

- La organización era liderada por un condenado desde el penal de Villa Urquiza. Él le daba instrucciones a su esposa, que cumplió una pena de cinco años por este delito.

- Se pudo establecer cómo era la vida que llevaban las explotadas sexualmente.

- Todos los contactos se hacían a través de las redes sociales.

- La organización utilizaba billeteras virtuales para el cobro de los servicios que brindaban.

Todas las pruebas fueron agregadas al expediente. La información fue suficiente para que el fiscal solicitara siete allanamientos, pedido que fue aceptado por el juez Fernando Poviña. Las medidas se realizaron el martes con resultados positivos: fueron detenidas tres personas (una de ellas fue en la mismísima cárcel), secuestraron documentación, el celular utilizado por el supuesto líder, más de $500.000 y rescataron a siete víctimas que ya están siendo atendidas por los especialistas en la materia que tiene Desarrollo Social de la provincia.

Una ley

En el año 2016, se aprobó y promulgó la Ley 27.319, conocida como una norma que daba herramientas a las fuerzas de seguridad para investigar delitos complejos. Esta norma autoriza a los agentes a conseguir pruebas de manera más rápida y efectiva. La Justicia Federal la está implementando con éxito desde hace bastante tiempo, pero en nuestra provincia no está incorporada al Código Procesal Penal.

Las figuras son: agente encubierto (se infiltra dentro de una organización delictiva), agente revelador (oculta su identidad y busca datos en el grupo) e informante (persona que recibe dinero a cambio de datos útiles).

La tarea de estas personas deben ser propuestas por los fiscales y autorizadas por un juez de garantías para que tenga validez legal.

En Tucumán

Antes de que entrara en vigencia la ley de narcomenudeo, los fiscales federales Chit y Pablo Camuña habían destacado la importancia de esta figura y sugirieron que sea incorporada al código procesal para que sea utilizada.

El vicegobernador Osvaldo Jaldo también destacó la importancia de esa herramienta en la lucha contra el microtráfico de drogas y anunció que en la Legislatura se tratará un proyecto para que pueda ser utilizado por la justicia ordinaria.